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El Estado democrático exige como uno de sus presupuestos el principio de la igualdad jurídica de las religiones. Esto obliga a los especialistas en derecho eclesiástico a buscar nuevas fórmulas de explicación que justifiquen tanto su materia, como la actualización de sus principios, sin renunciar al núcleo que le dio origen, es decir, a la consideración de una plena autonomía e independencia entre la Iglesia y el Estado. En el presente ensayo, los autores asumen ese reto, bajo la idea de que el derecho eclesiástico debe adaptar sus presupuestos básicos a la cambiante rea-lidad social, sin perder de vista que la Iglesia y el Estado son dos ámbitos independientes entre sí, aunque unidos en un lugar común: la persona humana.
