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Bruce M. Wilson, Juan Carlos Rodríguez Cordero, Roger Handberg
A partir de la década de 1980, e intensificándose en la década de 1990, las instituciones financieras internacionales (IFIs), las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y las agencias de desarrollo destinaron gran cantidad de recursos a programas de reforma judicial y de Administración de justicia en prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. Se suponía que la modernización de los sistemas judiciales favorecería las estrategias de libre mercado y desarrollo económico. Este artículo analiza el impacto de dos temas centrales de la reforma judicial, el acceso a la justicia y la independencia judicial, en relación con la formulación de políticas económicas en Costa Rica. Nuestro argumento es que hay una gran posibilidad de que aparezcan discordancias entre las expectativas de los patrocinadores acerca del impacto económico de la reforma judicial y los resultados observados.
