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En los últimos veinte años, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica han realizado esfuerzos para promover la independencia judicial. La agenda de reformas ha incluido importantes cambios institucionales como la reducción de la influencia política del Ejecutivo en los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema, el establecimiento en la Constitución de un mínimo presupuestario que debe ser asignado al Poder Judicial, se han incrementado los salarios de los jueces, y se han introducido (o modificado) leyes de la carrera judicial para proporcionar un sistema de selección de los tribunales inferiores de justicia más transparente y meritocrático. Sin embargo, pese a las reformas, la experiencia democrática y una mayor supervisión de la sociedad civil y de los donantes internacionales, la percepción general es que, con la excepción de Costa Rica, los organismos judiciales centroamericanos siguen siendo corruptos, altamente politizados, poco transparentes e incapaces de luchar de manera eficiente contra la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. El presente artículo intenta responder a la pregunta de por qué las reformas no han tenido un mayor impacto en el comportamiento de los jueces.
