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La actual Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social ha supuesto una reforma del marco legal en el que viven los inmigrantes no pertenecientes a la Unión Europea en España. El legislador plantea como política de integración el reconocimiento de múltiples derechos sociales por el simple empadronamiento sin necesidad de residir legalmente. Ello evita situaciones de abuso y marginalidad. Por otra parte, aplica a los procedimientos para conseguir visados y permisos de residencia y estancia las normas generales del procedimiento administrativo común, logrando amentar las garantías jurídicas de estos ciudadanos tanto en España como fuera. Sin embargo, la Ley se debe criticar ya que los mecanismos de control migratorio planteados ya han demostrado su ineficacia y, especialmente, los sistemas de regularización de la inmigración ilegal plantean ya un verdadero problema de orden público en la frontera con Africa
