Acceso usuarios
José Miguel García Moreno
No cabe duda de que la realidad social de los diversos Estados europeos en las décadas finales del siglo XX y en los inicios del siglo XXI no se corresponde con la que regía en el momento histórico en que se promulgaron los textos básicos de la codificación penal y procesal penal. Este desfase ha hecho necesaria una labor de replanteamiento del proceso penal que, en el caso de muchos de los Estados de nuestro entorno europeo, ha desembocado en reformas sustanciales de los textos legales procesales penales básicos o en la aprobación de textos de nuevo cuño, en los que se redefinen la estructura del proceso penal y el papel de los diversos actores que intervienen en él. España no es en absoluto ajena a esta corriente, hasta el punto de que el actual equipo del Ministerio de Justicia ha anunciado la elaboración en el curso de la presente legislatura de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que podría alterar sustancialmente el esquema del proceso penal vigente, especialmente en la fase previa al juicio oral. En el marco de esta situación, el presente trabajo contiene algunas reflexiones sobre tres cuestiones puntuales que podrían ser objeto de la reforma sustancial que se anuncia: la responsabilidad de la investigación penal en la fase previa al juicio oral, el papel que debe atribuirse a la víctima del delito en el proceso penal y los diversos medios alternativos al propio proceso penal para la resolución del conflicto derivado de la comisión del hecho delictivo.
