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La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, adopta el título significativo de Autonomía del paciente, que comporta la asunción por parte de los poderes públicos del principio bioético de la Autonomía, lo que constituye un avance decisivo en la conformación del sistema normativo sanitario español. Una de las consecuencias más inmediatas de este planteamiento es el reconocimiento informado del paciente, que, si bien ya había sido reconocido en la Ley General de Sanidad de 1986, en la nueva ley se explicita y desarrolla ampliamente, lo que permite a la autora de este estudio realizar un amplio y detallado análisis de los derechos y obligaciones de los pacientes, como consecuencia de la nueva ley.
