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La Constitución venezolana de 1999 divide el poder público nacional en cinco poderes: el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, el Ciudadano y el Electoral. En el presente ensayo, el autor realiza un análisis de éste último y de lo que él denomina su secuestro, tratando de hacer visibles los problemas, restricciones y limitaciones relativas a la participación política y al sistema de elección de representantes. Se describe cómo es que en la práctica política resultó que la independencia del llamado Poder Electoral se neutralizó y minimizó, cuando la propia Asamblea Nacional Constituyente que aprobó la Constitución de 1999, sin tener competencia constitucional, dictó el Decreto de Régimen de Transición por el cual destituyó a todos los titulares del poder público, exceptuando al presidente de la república. Con esta situación se creó un vacío institucional porque la asamblea no respetó la normatividad de autonomía e independencia del poder electoral que ella misma había establecido
