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La agricultura es una actividad que tiene un vínculo especial con el medio ambiente, puesto que como cualquier otra actividad económica, contribuye a su deterioro, aunque su particularidad estriba en que también contribuye a su conservación. Este hecho se ha utilizado como argumento para justificar las ayudas públicas a la agricultura en tanto que proveedora de bienes públicos ambientales en un contexto global en el que el desarrollo sostenible es un objetivo político prioritario. La Política Agraria Común se ha hecho eco de esta situación y sus últimas modificaciones van dirigidas a fomentar que la agricultura europea contribuya al desarrollo rural sostenible. El presente artículo analiza las propuestas a través de las que esas reformas, y en especial la última, denominada revisión intermedia de la PAC, persiguen ese objetivo.
