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Antonio Andrés Laso
Cuando todavía están recientes los actos conmemorativos de los veinticinco años desde la elaboración de la Constitución de 1978, en el mes de septiembre alcanzará dicha efemérides la primera Ley Orgánica de la democracia: la LO 1/79 General Penitenciaria, de 26 de septiembre. Este momento se brinda como una oportunidad para analizar, desde la distancia, la situación carcelaria en aquel momento y su realidad actual. Tradicionalmente, la ejecución penal y las condiciones del cumplimiento de las penas privativas de libertad han suscitado escasa atención de la ciencia jurídica en España. Se ha considerado, "de facto", que el proceso penal finaliza con la firmeza de la sentencia condenatoria, cuando la sentencia de - viene ejecutoria. Dicha realidad comenzó a transformarse con la Ley Orgánica analizada, aprobada por aclamación, defendida como modelo de consenso en la regulación de los aspectos básicos de la convivencia en la sociedad, moderna y atrevida, que ha exigido a los juristas abordar un nuevo aspecto hasta ese momento oculto y desconocido. Veinticinco años después la situación ha cambiado notablemente. El presente trabajo pretende analizar el difícil momento en el que surge, los aspectos fundamentales que regula y los resultados de su aplicación
