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Belén Merino Espinar
Ya la Ley de Urbanismo de Castilla y León fue calificada por la doctrina más autorizada de legislación urbanística completa e integradora con la legislación básica del Estado. Estos mismos calificativos deben ser atribuidos al vigente Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, que ha nacido con la intención de convertirse en el cuerpo normativo único de referencia general para el Urbanismo de Castilla y León, sin más excepciones que las materias de competencia estatal exclusiva resultantes de la Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía. El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León reconoce al Registro de la Pro - piedad como un colaborador necesario y eficaz para la tramitación y ejecución de todo procedimiento urbanístico, como instrumento de seguridad jurídica del tráfico inmobiliario, y a su vez como instrumento de publicidad, no solo de los resultados definitivos de cualquier actuación urbanística, sino incluso también de aquellas situaciones de pendencia que, por su trascendencia y posibles efectos frente a terceros, se consideran susceptibles de publicidad registral. El presente Reglamento pone pues los cimientos para una estrecha colaboración entre Administración, Operadores urbanísticos y Registro de la Propiedad, pero el trabajo no ha hecho nada más que empezar. Será a partir de ahora la práctica de cada día la que vaya perfilando la actuación registral en cada una de las intervenciones urbanísticas que así lo requieran, analizando e interpretando el contenido de su articulado, de manera integradora con la legislación hipotecaria estatal, en aras a conseguir la más fácil y efectiva ejecución de las actuaciones urbanísticas, como instrumento necesario para conseguir una mayor seguridad y publicidad en el tráfico jurídico inmobiliario.
