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El proceso de construcción de la unión política europea se ha llevado a cabo desde diversas perspectivas: tradicional, autocrática o liberal. La dirección liberal ha significado que ese proceso de creación de una unión política europea debía ir acompañado de un reconocimiento de las libertades y derechos fundamentales. Después de la Segunda Guerra Mundial se iniciaron dos procesos de construcción de la unión europea:
uno político, patrocinado por el Consejo de Europa y otro económico, a través de la CECA y las demás Comunidades Europeas. Este segundo proceso (económico) se consideraba como un intento de crear una solidaridad de hecho que desembocase en una unión política. Los logros obtenidos en el proceso económico de unión europea condujeron a intentar profundizar en la unión política en el marco de las Comunidades Europeas. Ante el fracaso de las tentativas de realizar esta profundización por los parlamentos y gobiernos de los Estados miembros de las Comunidades, el Tribunal de Justicia de las Comunidades decidió forzar el proceso de unión política y uno de los instrumentos para ello fue el reconocer los derechos fundamentales en el ámbito comunitario aunque los tratados fundacionales omitían referencias a los mismos, lo que provocó graves desajustes. La existencia de dos vías distintas de unión política, la del Consejo de Europa y la incoada en el ámbito de las Comunidades Europeas, resulta disfuncional, por lo que es necesario una convergencia entre ambos. El intento de llevar a cabo esta convergencia a través de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se considera desafortunado y problemático.
