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Francisco José Barba Ramos, Francisco José Martínez López
Con el objetivo inicial por parte de las "grandes ciudades" de contar con un régimen jurídico específico que atendiera sus peculiaridades, se aprueba la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local que, al margen de realizar una serie de modificaciones de alcance general de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introduce un nuevo Titulo dedicado a los "Municipios de Gran Población" que deberán, entre otras cosas, constituir el denominado "Consejo Social de la Ciudad". El presente trabajo, pretende realizar una visión crítica sobre la precaria regulación de este órgano que se vincula irremediablemente con los "consejos económicos y sociales locales" existentes en numerosas corporaciones locales españolas; y que ofrecen un panorama que con seguridad, no ha sido tendido en cuenta por el legislador en su justa medida.
Así, en el proceso de adaptación de algunos ayuntamientos a este nuevo régimen jurídico, comienzan a observarse ciertas disfunciones y excesivas divergencias en lo que debe entenderse por este órgano, tanto en su composición como en sus funciones. Teniendo en cuenta los márgenes de la autonomía municipal, además de la voluntad de los protagonistas políticos y de los agentes sociales en el ámbito local de las relaciones laborales, ofrecemos algunas propuestas sobre la configuración de un Consejo Social de la Ciudad, sin pretender establecer ningún patrón único al respecto. De todas maneras, consideramos urgente una regulación más precisa, y que a la vez salvaguarde la diversidad de las distintas corporaciones locales, además del retorno al concepto de "Consejo Económico y Social local", que es como de forma abrumadora lo han venido conociendo los propios actores sociales.
