El artículo toma como objeto de estudio las posibilidades efectivas de control público y privado de la ciudadanía que ofrecen en la actualidad las tecnologías de la información, prestando atención a las políticas en vigor sobre privacidad. La novedad del estudio consiste en la separación analítica de los datos personales en poder de los Estados (y su utilización para el control político de poblaciones) y aquellos que conforman un mercado privado de intercambio de información personal (por el que las grandes empresas ejercen otra forma de control social). De modo que sea visible la orientación intervencionista de la política mundial actual, decantada a favorecer ambos aspectos, así como las limitaciones de los enfoques doctrinales sobre la materia. Por último, se exploran algunas posibilidades de expandir la protección de datos hacia sujetos colectivos, dadas las insuficiencias mostradas por la actual regulación de la privacidad. El presente estudio presta sobre todo atención al caso español.