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María Dolores García Valverde, Rosa M. González de Patto
Durante el año 2003 y comienzos de 2004 se ha producido una avalancha de actuaciones normativas por parte del legislador español con el objeto de garantizar el principio de igualdad de oportunidades y de los derechos constitucionales de las personas con discapacidad. La secuencia de estas disposiciones ha sido obligada respuesta a la transposición de la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el último Acuerdo MTAS-CERMJ 2002, así como al desarrollo del II Plan de Empleo de las Personas con Discapacidad y el II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2003/2007. En ese escenario, en este trabajo se aborda un estudio jurídico-crítico de las nuevas medidas funcionalizado al ámbito del trabajo y el empleo, incidiendo en la valoración de su alcance respecto, por un lado, a la plena efectividad del derecho a la igualdad de trato y no discriminación de los discapacitados y, por otro lado, en las políticas de empleo dirigidas a mejorar la integración laboral de este colectivo. En lo que concierne a las técnicas de reforzamiento de la tutela antidiscriminatoria, se aportan argumentos que ponen de manifiesto el carácter relativamente innovador de las reformas operadas, así como la persistencia de obstáculos para la implementación de los "ajustes necesarios" para prevenir y compensar las desventajas que la discapacidad comporta para el acceso al empleo, la formación y promoción profesionales. Por lo que respecta a las medidas adoptadas en materia de política de empleo, sin desdeñar su idoneidad, se subrayan las carencias resultantes del indeseable grado de incumplimiento de las cuotas de reserva en el empleo público y privado, la limitada eficiencia de los Servicios Públicos de Empleo, la insuficiente información acerca de las ayudas públicas para la adaptación del entorno laboral y las disfunciones detectadas en la fórmula de empleo protegido. Finalmente, se postula una mayor e institucionalizada participación de sindicatos y patronal en el establecimiento y desarrollo de las políticas de integración y su proyección en la negociación colectiva
