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, Ricardo Gómez Rivero (codir. tes.) , Rosario Tur Ausina (secret.) , Alfonso Carlos Merchán Fernández (voc.) , José María Pérez Collados (voc.) , Miguel Angel Morales Payán (voc.) La investigación –que recoge diverso e importante material inédito procedente de archivos de las Audiencias Provinciales de Alicante y Murcia, del archivo del Congreso de los Diputados y de diversas hemerotecas provinciales y nacionales-, estudia la creación y la aplicación de la Ley de Orden Público de 1933, la aplicación de los estados de excepción y el funcionamiento de los Tribunales de Urgencia creados por la norma referida. Se trata de un tema inédito pese a estar incluido en una de las etapas más profusamente estudiadas de nuestra historia, analizando las instituciones jurídicas mediante el recurso a una gran amplitud de fuentes como bibliografía histórica y jurídica, doctrina constitucional, memorias de los políticos contemporáneos, prensa provincial y nacional, diario de sesiones del Congreso, archivo de Diputados, el expediente de la Ley existente en el archivo de las Cortes, las memorias de la Fiscalía General de la República entre 1931 y 1936, así como la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Garantías Constitucionales. Además se han estudiado detenidamente los sumarios correspondientes a los juicios seguidos ante los Tribunales de Urgencia de las audiencias territoriales de Alicante y Murcia conservados en los archivos históricos provincial de Alicante y Regional de Murcia.
Este trabajo aborda en su primera parte el contexto histórico - jurídico y socio-político previo a la aprobación de la Ley de excepción republicana, explicando los graves problemas de orden público de los primeros gobiernos del régimen del 14 de abril que llevaron a la aprobación de la célebre Ley de Defensa de la República, que se estudia como antecedente de la que es objeto central del trabajo. Se analiza también el papel de las fuerzas del orden, la gestión gubernamental de huelgas y levantamientos, y la concepción del orden público en la Constitución de 1931.
En la parte central del trabajo que constituye la mayor aportación teórica de esta tesis doctoral, se analiza la génesis de la citada Ley de Orden Público, las iniciativas legales gubernamentales y de diversos diputados, recogiendo un estudio de los proyectos de ley del ministro Fernando de los Ríos, de la proposición de un grupo de diputados liberales como Angel Ossorio y Gallardo, Sánchez Guerra, el conde de Romanones o el mismo Unamuno, y el anteproyecto encargado a una subcomisión de la Comisión Jurídica Asesora, formada por prestigiosos juristas, así como el proyecto definitivo del gobierno leído por el ministro Casares Quiroga y el dictamen de la Comisión parlamentaria de Gobernación. Por primera vez en esta tesis se sacan a la luz el contenido de los debates parlamentarios en el pleno, en los que se discutió sobre el contenido de la norma y su aplicación. Tras un estudio sistemático del texto definitivo de la ley referida, el trabajo analiza la aplicación de la norma, los problemas que supuso, las circulares del Ministerio y el Tribunal Supremo y la valoración de la misma que realizaron la doctrina jurídica, los grupos políticos y sindicatos, los juristas e historiadores de la época y los de la actualidad.
A lo largo de todo el trabajo se recoge el reflejo de todos los hechos y normas referidos en la prensa de la época, para lo que se han consultado las hemerotecas de diarios provinciales y nacionales destacando las de los siguientes medios: ABC, El Socialista, La Vanguardia, El Sol, El Imparcial, El Heraldo de Madrid, Luz, La Libertad, Las Provincias, Diario de Alicante, El Luchador, El Mundo Obrero y otros. Del mismo modo se recoge la opinión de los políticos protagonistas de los hechos y responsables de las normas referidas, para lo que se han consultado las memorias de los principales protagonistas de la etapa como Alcalá-Zamora, Azaña, Lerroux, Gil Robles, Martínez Barrio, Ossorio y Gallardo, Chapaprieta y las de otros protagonistas secundarios. Se ha estudiado y contrastado la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los recursos de casación interpuestos contra las sentencias de los Tribunales de Urgencia de toda España y la del Tribunal de Garantías Constitucionales que resolvía los recursos contra las multas impuestas por el Gobierno en los estados de excepción estudiados. También se analiza la aprobación y aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes complementaria de la de Orden Público y las modificaciones de esta última norma aprobadas en 1936 por el Gobierno del Frente Popular.
En la última parte del trabajo, y a modo de ejemplo del funcionamiento de las normas y los tribunales estudiados, se analizan decenas de sentencias de los Tribunales de Urgencia constituidos en las Audiencias de Alicante y Murcia, analizándose sumarios de juzgados de instrucción de Alicante, Elche, Alcoy, Monóvar, Orihuela, Villena, Novelda, Murcia, Cartagena, Caravaca, Mula y Tecla, con casos como delitos de imprenta, huelgas y manifestaciones ilegales, sedición, atentado contra la autoridad, asesinato de un juez de instrucción, tenencia de armas y explosivos y otros de similar importancia e interés, extrayendo unas conclusiones sobre la aplicación de la norma, la actuación de los citados tribunales y el problema del orden público republicano.
