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, Encarnación Montoya Martín (secret.) , Ricardo Rivero Ortega (voc.) , Francisco Toscano Gil (voc.) , Severiano Fernández Ramos (voc.) Esta investigación va dirigida a conocer cómo se articulan los ordenamientos para ser continuos y cómo las técnicas previstas para ello nacen bajo un paraguas que va girando para adaptarse a nuevas situaciones. Hemos hecho un esfuerzo de análisis y encaje de las diversas posiciones doctrinales relativas a los modelos de Estado y nuestro Estado de las Autonomías así como hemos calificado en tres teorías al -poder normador del Estado- para dar hilo conductor y conocer nuestro sistema de fuentes en la configuración normativa de la autonomía local. Hemos analizado desde un punto de vista sustantivo, el significado de la autonomía desde sus orígenes, su esencia y las técnicas que se han previsto para garantizar su subsistencia. Hemos profundizado en el sistema de fuentes del orden local, el papel del legislador básico en la regulación de la autonomía local y su relación con los Estatutos de Autonomía y el legislador autonómico tanto en el plano científico como jurisprudencial efectuando un estudio analítico sobre conflictos de inconstitucionalidad. La conclusión a la que llegamos es que a pesar de reformas territoriales auspiciadas por razones económicas, existen pilares sólidos que consagran parámetros normativos (constitucionales y europeos) y jurisprudenciales que identifican a la autonomía local como un principio democrático de participación ciudadana y distribución territorial del poder que se traduce en un plano normativo, institucional y competencial y cuya dimensión debe ser respetada a pesar de la simplificación administrativa territorial en los entes locales que permanezcan y, en consecuencia, proponemos de lege ferenda clarificar la articulación competencial del sistema de fuentes de la autonomía local para evitar vacíos legales y afectación a derechos democráticos así como regular mecanismos de financiación económica que haga efectiva la capacidad general de los entes locales de participar en todos los asuntos que les afectan, en un sistema multinivel de las instituciones del Estado.
