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, José-Antonio Seoane (dir. tes.) , Ascensión Cambrón Infante (secret.) , Juan Cianciardo (voc.) , Encarnación Fernández Ruiz-Gálvez (voc.) , María del Pilar Zambrano (voc.) El sistema jurídico chileno contiene límites considerables a la disposición de la vida humana. El Código penal, entre los delitos contra las personas, contempla figuras generales basadas en la conducta de "matar a otro" como el homicidio, parricidio o femicidio, pero no incluye tipos de eutanasia u homicidio piadoso ni atenuantes o eximentes de responsabilidad asociadas con el consentimiento de la víctima. Por el contrario, el auxilio al suicida es penado cuando se verifica la muerte del sujeto. La investigación doctoral examina la pertinencia constitucional de esta realidad legal, a partir de su confrontación con los principios contenidos en la Constitución de 1980, la jurisprudencia y las normas sobre derechos de los pacientes. El estudio realizado permite definir con mayor precisión los límites antes indicados y concluir que la respuesta constitucional chilena acerca de la autonomía y libre desarrollo de la personalidad del sujeto no incluye la posibilidad de que el paciente terminal solicite que se le dé muerte ni tampoco disponer de su vida por representación si se encuentra en situación de incapacidad. Por el contrario, sí admite la opción de rechazar tratamientos médicos aunque sean vitales y el derecho a dejar directrices anticipadas a este respecto.
