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, Fernando Rodríguez López (codir. tes.) , Helena Villarejo Galende (secret.) , Fernando Felipe Jiménez Sánchez (voc.) La efectividad de los informantes, alertadores o denunciantes para descubrir casos de fraude y corrupción ha quedado más que demostrada en los últimos 20 años y la conveniencia de facilitarles el uso de canales eficaces y seguros con los que garantizar su protección parece incontestable en virtud de los esfuerzos regulatorios de los últimos tiempos.
Los canales de denuncia son una pieza clave de los compliance programs implementados por las personas jurídico-privadas y se presentan como uno de los elementos más atractivos para los marcos de integridad que están desarrollando las administraciones públicas.
La incorporación de políticas de integridad en el ámbito público es hoy en día una realidad y la oportunidad de profundizar en algunas de sus herramientas, aun poco exploradas en el ámbito público como son los canales de denuncia, justifica la elección del tema de la presente investigación.
Mejorar la cultura ética y de integridad y reforzar los vínculos existentes con la ciudadanía son prioridades de la gestión pública contemporánea y las más vanguardistas tendencias en innovación administrativa aparecen como revulsivos para la consolidación de una gestión de los asuntos públicos más inteligente, responsable y transparente.
En el diseño de estos marcos de integridad públicos, como en los compliance programs, se deben tener en cuenta los riesgos específicos a los que se enfrenta la institución y los elementos preexistentes de que dispone para evitar duplicidades y solapamientos, reforzar sus puntos débiles y dotar a la cultura ética y de integridad de un carácter global e integrador.
Otorgar un papel relevante a la figura del denunciante es clave para garantizar la efectividad del sistema de integridad y los canales de denuncias se presentan como una oportunidad por permitir un mejor uso de la información disponible facilitada por las personas directamente vinculadas al caso concreto y fomentar la participación directa de la ciudadanía en la identificación de los riesgos y las proposición de soluciones ante los incumplimientos, como actores principales de la construcción de una auténtica cultura de cumplimiento de la organización.
Organizaciones dedicadas a la lucha contra el fraude de ámbito municipal, regional, estatal o europeo, como las Agencias Antifraude, atesoran una vasta experiencia en la gestión de las sospechas de fraude en el sector público y sus contribuciones, advertencias y recomendaciones son especialmente interesantes de la misma manera que, en el sector privado, las empresas y sus mejores prácticas en materia de canales de denuncias que se han visto recopiladas en las normas técnicas de alcance internacional ISO de la familia del compliance son una fuente de inspiración.
En estos momentos en los que la implantación de canales de denuncias es preceptiva para todo el sector público a partir de la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva whistleblower y que los fondos MRR han otorgado cierta relevancia a los aspectos éticos en las entidades que gestionan fondos públicos, proponemos una guía al servicio de las administraciones públicas, en forma de principios generales de aplicación que abarca desde la implicación y compromiso al más alto nivel; la integración del canal de denuncias en la política de integridad; la determinación de los riegos y definición del alcance de la protección; la publicidad, difusión y participación; la suficiencia de recursos; el tratamiento seguro de la información; la documentación de los datos y de los resultados; la medición y rendición de cuentas hasta la revisión periódica y mejora continua del modelo.
En definitiva, las administraciones públicas deben estar comprometidas con la implantación de una política de integridad real y efectiva, a medida de los riesgos de sus actividades y que cuente con herramientas, como los canales de denuncias, para su identificación y reacción. Además, deben poder demostrar este compromiso con la implicación directa de la cúpula de cada entidad en la aprobación del sistema, la designación de responsabilidades y la garantía de medios técnicos seguros y humanos suficientes para llevar a cabo su implementación. Y en última instancia deben saber comunicar, tanto dentro como fuera de cada entidad, los resultados de esta implicación a través de la publicidad y difusión del sistema y de sus logros, la adecuada formación de todo su personal y la evaluación y actualización de su funcionamiento.
Al mismo tiempo que en el sector privado se han generalizado las políticas de gobernanza, la gestión de riesgos y los programas de cumplimiento normativo, las instituciones públicas han avanzado considerablemente en mejorar sus políticas de integridad, la transparencia y los mecanismos de participación ciudadana como símbolo de modernidad y compromiso y fuente de progreso económico y social.
