Conciliar medioambiente, recursos naturales y agricultura es tarea compleja cuando ésta, por definición, es una actividad que se desarrolla en el medio natural. La Política Agrícola Común, dinámica y sistémica, ha procurado adaptarse, en sus sucesivas reformas, a los desafíos medioambientales de la agricultura europea. Desde la Reforma de 1992, después en 1996 con la Declaración de Cork y en 1997 con la Agenda 2000, la PAC ha ido profundizando y ampliando sus exigencias ambientales, abandonando las clásicas políticas sectoriales y productivas Así, hasta llegar a la última PAC, 2015-2020, que se mostraba como la más verde con la introducción del Pago Verde o Greening; planteando una gestión sostenible de los recursos naturales y acción climática: con un enfoque en emisiones de gases de efecto invernadero, biodiversidad, suelo y agua.
Ahora bien, las inferencias sobre el impacto del Pago Verde han resultado poco claras, escasamente precisas y, en ocasiones, contradictorias. Desde las impresiones positivas, en su mayoría de las Administraciones Públicas, del Greening, a las investigaciones empíricas con deducciones poco halagüeñas. Así, el objetivo de esta tesis era estudiar el efecto que ha tenido las medidas del Pago Verde o Greening vinculadas al primer Pilar del Régimen del Pago Básico en España en relación con el medioambiente y su contribución a la nueva arquitectura verde de la Política Agrícola Común.
Para ello, se propuso la estimación de Modelos Diff in Diff al ser uno de los métodos más importantes de la investigación aplicada en economía para evaluar los efectos de las intervenciones públicas. El plano transversal de la base de datos son las regiones de España que representan las unidades de control y tratamiento de los modelos; el plano temporal cuenta con un intervalo ex ante al Pago Verde (2011-2014) y con un intervalo donde Greening ya estaba implantando (2015-2018). Los resultados econométricos muestran que las medidas del Pago Verde tuvieron un impacto limitado, cuestionándose su eficiencia para cumplir sus objetivos, y mostrándose como un precedente poco sólido a la nueva arquitectura ecológica de la PAC.
El estudio se completó con un Modelo de Panel Driscoll-Kraay para identificar el posicionamiento del Pago Verde con respecto a las medidas agroambientales del Pilar II. Los resultados señalan que las medidas del segundo pilar, aun a pesar de ser voluntarias y con menos fondos, han resultado más beneficiosas para el medioambiente y la mitigación del cambio climático.
En definitiva, la incorporación de condicionamientos de carácter ambiental para la percepción de ayudas directas en la PAC actual muestra un impacto muy limitado en el fin perseguido. Tanto las débiles condiciones exigidas, como el estrecho ámbito de aplicación, han generado un desequilibrio evidente entre los fondos destinados a este propósito y los resultados conseguidos. Tampoco ha habido efectos colaterales relevantes en variables definitorias y objetivo base de la regulación publica a través del esquema de ayudas directas de la PAC.
De los resultados que hemos obtenido, al comparar Pilar I y Pilar II, las medidas de Desarrollo Rural han estado dirigidas más al plano de eficiencia ambiental, en concordancia con la filosofía de poner el centro de atención en la multifunción del medio rural y no exclusivamente en el plano productivo en el marco mientras las del pilar de ayudas y mercados han priorizado el apoyo a rentas de los agentes productivos así como al funcionamientos de los mercados, habiendo sido el plano ambiental muy secundario.
La aplicación de las medidas previstas en la PAC 2023-27 debería considerar la debilidad ambiental del primer pilar de la PAC, demostrada para España con esta tesis doctoral. Y, además, de los eco-esquemas, conseguir una transversalidad efectiva en el plano ambiental para las medidas previstas de apoyo a rentas y actuación en los mercados.