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, Carmen María Ávila Rodríguez (secret.) , Suzana Tavares da Silva (voc.) Régimen Jurídico-Institucional de la Discapacidad Resumen Introducción El concepto de discapacidad se define como la condición que impide o limita a la persona en su vida diaria.
Las personas con discapacidad son un colectivo especialmente vulnerable, necesitado de una protección especial, como consecuencia tanto de sus circunstancias vitales como del tratamiento que tradicionalmente se le ha profesado, tanto nivel institucional como privado. Ello es debido a que, aunque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, las personas con discapacidad suelen sufrir una mayor discriminación en el reconocimiento de sus derechos. Es por ello que ha surgido una importante normativa, tanto en el ámbito internacional, nacional y autonómico, con objeto de proteger los derechos que le amparan. En este sentido, la Administración Pública ha dotado a las personas con discapacidad de recursos jurídicos para que puedan hacer valer sus derechos. Por su parte, las personas con discapacidad deben ser proactivas para contribuir a la protección de sus derechos, con el fin de tener una mayor autonomía personal que mejore su calidad de vida y conduzca a la igualdad de oportunidades.
En la actualidad, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; entre las que aproximadamente 200 millones experimentan dificultades considerables en su vida diaria. Como consecuencia del envejecimiento de la población y del incremento mundial de enfermedades crónicas, se prevé un aumento de personas con discapacidad. A esto se une que las personas con discapacidad son las que tienen peores resultados sanitarios y académicos, así como una menor participación económica y tasas más altas de pobreza, que las personas sin discapacidad. Ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de estas personas a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, el empleo, el transporte, o la información. Todas ellas se agravan en las comunidades más desfavorecidas.
Desarrollo teórico La discapacidad ha estado presente desde la aparición del hombre en la tierra, aunque no siempre se le ha dado el mismo tratamiento conceptual, jurídico o social.
El recorrido a través de la historia nos demuestra cómo ha ido cambiando la visión sobre las personas en situación de discapacidad, lo que ha influido en la forma de denominarla. En base a estas circunstancias se han ido creando normas para regular sus derechos, protección y tratamiento social, o viceversa, ya que existen posturas dispares en este aspecto que varían en función de las creencias del autor.
Respecto a la perspectiva jurídica, existen cambios drásticos en las legislaciones que varían en función de la creencia imperante en ese momento histórico, así existen diferentes normativas de modo disperso, que regulan el tratamiento y denominación que se debe profesar a la persona con discapacidad, dependiendo de la época en la que vivieran. Generalmente el tratamiento normativo se ha profesado de modo negativo. Esta línea de conducta se ha mantenido hasta la actualidad, aunque afortunadamente se han producido numerosos cambios que han ido mejorando la situación de estas personas y, aunque se ha avanzado mucho, todavía queda mucho por hacer.
En el ámbito internacional no ha sido hasta la aprobación de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD), que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, cuando ha empezado a considerarse la cuestión de la discapacidad en materia de Derechos Humanos, ya que hasta el momento los instrumentos jurídicos existentes presentaban el inconveniente de no ser jurídicamente vinculantes.
En nuestro país la Convención entraba en vigor en mayo de 2008, momento en que el Gobierno Español inició un proceso de adaptación de la legislación con el fin de incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico.
En el ámbito nacional español, la competencia estatal en materia de discapacidad, tiene su fundamento en diversas disposiciones de rango constitucional, siendo el principal referente de las personas con discapacidad el artículo 49, el cual avala que a partir del reconocimiento de la existencia real de condiciones de desigualdad entre los ciudadanos por múltiples factores, es preciso un compromiso de los poderes públicos en la promoción de la libertad y de la igualdad. Fruto de la disposición constitucional, se produce una extensa regulación en relación con la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
En este trabajo se describen en primer lugar las normas generales de referencia, posteriormente se hace una exposición detallada de la numerosa normativa en materias específicas, correspondientes a los ámbitos civil, penal, administrativo, mercantil, trabajo y empleo, protección social, sistema tributario, comunicación y sociedad de la información, urbanismo y vivienda, hipotecario, transporte, educación, cultura y deporte, poder judicial, y protección ciudadana. Además se analiza la Jurisprudencia de los principales Tribunales españoles.
Respecto de la protección jurídica de las personas con discapacidad en las Comunidades Autónomas esta se realiza desde una doble vertiente, en primer lugar a través de la promulgación de leyes específicas y exclusivas para las personas con discapacidad y, en segundo lugar a través de leyes sectoriales destinadas a toda la población general que incluyen apartados destinados a las personas con discapacidad.
En conclusión, podemos afirmar que se han producido importantes avances, respecto de la protección de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito internacional y comunitario europeo, como en el derecho interno español estatal y de Comunidades Autónomas. Esta protección se encuentra recogida en la legislación y como reflejo de esta, en la jurisprudencia de los Tribunales.
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