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, Susana Rodríguez Escanciano (secret.) , Remedios Roqueta Buj (voc.) Tras varias décadas de privatización de la gestión en el sector público, en los últimos años, se ha invertido esta tendencia y se está recuperando la gestión directa de algunas actividades y servicios públicos externalizados por las administraciones públicas.
Dicho cambio, motivado tanto por criterios económicos y organizativos, como político-ideológicos, se está llevando a cabo de forma especialmente significativa en el ámbito local, aunque también se está produciendo en el sector público institucional y empresarial de la administración estatal y autonómica, como es el caso de la reversión de las concesiones sanitarias de la Comunidad Valenciana.
En efecto, se trata de operaciones no exentas de dificultades y problemas prácticos de diversa índole. Algunos, se plantean desde el ámbito del derecho público, por las restricciones que contemplan las leyes administrativas para adoptar una decisión de recuperación del servicio de la Administración Pública que, en principio, se presenta como discrecional. Otros, se dan en el plano estrictamente laboral, pues para que quede garantizada la estabilidad en el empleo de los trabajadores ocupados en las contratas del sector público será necesario que resulte de aplicación alguno de los mecanismos que típicamente imponen la subrogación de los contratos de trabajo. Y en fin, también se plantean problemas derivados de la interdependencia de ambos sectores del ordenamiento jurídico, como la ya sabida falta de compatibilidad entre el principio de estabilidad en el empleo y los principios constitucionales que garantizan el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, y otras normas y principios de orden público.
La presente tesis tiene por objeto determinar cuándo una operación de reversión de contratas o concesiones públicas es constitutiva de una sucesión de empresas en el sentido del artículo 44 ET y de la Directiva comunitaria 2011/23/CE, así como determinar la fórmula de integración del personal que, necesariamente, deberá producirse a consecuencia de la garantía de estabilidad en el empleo que dichas normas disponen.
