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, Francisco Pellicer Corellano (secret.) , Emma Pérez-Chacón Espino (voc.) En los últimos veinte años, se ha producido una incorporación progresiva de la infraestructura verde en los procesos de planificación territorial y gestión urbana. Sin embargo, presenta disimetrías lógicas en su aplicación, en función de los niveles socioeconómicos de los diferentes países y la sensibilización ciudadana sobre los problemas ecológicos y el cambio climático. En el caso español, las diferencias radican en las distintas formas que se están produciendo a la hora de trasladar la reglamentación europea a las legislaciones autonómicas, como marco legal de competencia en materias de ordenación del territorio y medio ambiente según la Constitución Española de 1978.
Existen muchos ejemplos de aplicación de buenas prácticas en diferentes lugares del planeta, con ejecución de proyectos que mejoran la multifuncionalidad y la conectividad de hábitats y ecosistemas: unos vinculados a la rehabilitación ambiental de los sistemas fluviales, otros a la protección y conservación de los valores naturales en espacios protegidos e, incluso, a la renaturalización de las zonas urbanas en su sentido más amplio.
Así, en el siglo XXI se recuperan antiguas ideas de conexión del ser humano con la naturaleza a través del paisaje, descubriendo el valor esencial de los procesos territoriales y ambientales como paradigma de desarrollo de las sociedades de futuro. Se trata de cooperar nuevamente con la naturaleza, incorporando los referentes culturales de sociedades anteriores en la historia, actualizando sus técnicas y señas identitarias. El objetivo es la intervención planificadora en el proyecto territorial y urbanístico para fomentar la renaturalización de la ciudad y la restitución de la multifuncionalidad y conectividad ecológicas en el territorio.
En el caso español, partiendo de la estrategia nacional recientemente aprobada, se están promoviendo diferentes fórmulas de definición de los elementos que componen las infraestructuras verdes regionales que, posteriormente, se concreta en el ámbito local de distintas maneras. En unos casos mediante proyectos específicos que coordinan los gobiernos autónomos, en algunos a través herramientas de planificación estratégica municipal y, en otros, sirviéndose de los instrumentos de planeamiento urbanístico ya consolidados por la legislación sectorial, con amplia tradición municipalista. A pesar de ello, todavía no está institucionalizada plenamente la variable multiescalar de la infraestructura verde.
En este sentido, especial significación tiene el particular caso de la Comunitat Valenciana, que fue pionera en introducir el concepto de sistema de espacios abiertos en su legislación en 2004, reformulándolo como infraestructura verde en 2009. Sin embargo, las sucesivas reformas legislativas valencianas no han conseguido uniformizar y agilizar los procedimientos administrativos de tramitación de la planificación urbanística municipal que, en la mayoría ocasiones, se prolongan durante años. Así, se está produciendo un serio desajuste temporal entre la definición de la infraestructura verde a escala regional y su traslación a detalle en el ámbito local.
