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, José María Rodríguez de Santiago (secret.) , M. Paloma Biglino Campos (voc.) , Luis Medina Alcoz (voc.) , Francisco-Manuel Caamaño-Domínguez (voc.) Hay injerencias del poder público en el ámbito protegido por los derechos fundamentales que no persiguen el restablecimiento del orden jurídico conculcado por el titular del derecho, ni castigar a este por la comisión de una infracción penal o administrativa ni tampoco resarcir los daños que el titular del derecho fundamental puede haber ocasionado sin título legítimo. Hay injerencias que persiguen, sencillamente, obtener, a costa del titular del derecho fundamental, una ventaja mayor desde el punto de vista del bien común o el interés general. En tiempos recientes, y al hilo de concretas hipótesis de restricción sacrificial sometidas a discusión pública (como la prisión provisional seguida de absolución, el derribo de aeronaves secuestradas con muerte de víctimas inocentes o la vacunación obligatoria o altamente incentivada para combatir epidemias) se han publicado trabajos sectoriales que abordan la legitimidad de este tipo de intervenciones coactivas en la esfera de los derechos fundamentales pero que no aportan un marco teórico general al problema común que todas ellas plantean: la posibilidad de que el poder público restrinja los derechos fundamentales para obtener una ventaja colectiva causando daños en la esfera de los individuos concretamente afectados. La tesis doctoral presentada establece dicho marco general, dentro de la teoría de las restricciones de los derechos fundamentales, y fija parámetros comunes para todo tipo de intervención o restricción de signo sacrificial, determinando qué rasgos distinguen un sacrificio de derechos y cuáles son los elementos que hacen constitucionalmente viable este tipo de intervención en los derechos fundamentales
