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, René Javier Santamaría Arinas (dir. tes.) , Martín María Razquin Lizarraga (secret.) , Teresa Medina Arnáiz (voc.) Que la contratación pública no es sólo un medio para proveer de bienes y servicios a la Administración, sino que además es un potente inductor para la consecución de otras finalidades sociales, entre ellas la calidad en el empleo de las personas más vulnerables de la sociedad, la conservación del Medio Ambiente, o la innovación en sectores estratégicos, para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos; es un argumento frecuentemente utilizado por el legislador europeo, la doctrina científica y administrativa, además de los Tribunales de Justicia en los espacios europeo e interior.
Sin embargo, no se se demuestra que la inclusión de criterios sociales y ambientales proporcione una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. No existen especiales controles de ejecución y seguimiento de los contratos en la materia y la implantación efectiva del enfoque social y responsable de la contratación en las Administraciones está lejos de las pretensiones del legislador.
Pese a todo, sí se demuestra que, bajo determinados requisitos y principios emanados de la jurisprudencia y la doctrina administrativa y científica, es posible contribuir desde y con la contratación pública al ensanchamiento de las políticas sociales y medioambientales en equilibrio con los principios de eficiencia en el gasto y estabilidad presupuestaria, incidiendo en la mejora de la calidad de los servicios.
Queda mucho por hacer, hemos de ganar en profesionalización, adecuada al diseño socialmente responsable de los contratos, en seguridad jurídica, mediante criterios interpretativos comunes, pero sobre todo, en algo que es más difícil todavía, en la propagación del convencimiento, con datos, de que la introducción de cláusulas sociales y ambientales mejora la relación calidad-precio y la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
