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, Montserrat Hernández López (codir. tes.) , José Luis Retolaza Ávalos (secret.) , David Padrón Marrero (voc.) La nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, es la culminación de un proceso legislativo de más de una década dedicado a que la contratación pública pase de ser un fin a un instrumento de política estratégica. Ese recorrido no ha sido fácil ni acaba con la entrada en vigor de la Ley, sino que necesita de una serie de herramientas adicionales que permitan aplicar todas las posibilidades de introducir criterios sociales, ambientales y de innovación de la manera más eficiente posible. En esta investigación se analiza en primer lugar la relación entre la nueva contratación pública y el desarrollo del Estado del Bienestar y la Economía Social. Posteriormente se repasa el recorrido legislativo y la jurisprudencia creada en cuanto a la introducción de determinados criterios hacia una contratación más responsable. A continuación, se analizan las opiniones de los empleados públicos y las empresas sociales, para identificar, a través de un análisis DAFO, cuáles son las oportunidades y las barreras que deben afrontarse con este campo. Seguidamente, se hace un repaso extenso y sin precendentes de los contratos reservados, identificando, con una muestra de más de 250 procesos de licitación, sus principales características, y comparándolos con los procesos de licitación ordinarios.
Finalmente, y en base a los capítulos anteriores, se toma a Canarias como caso de ejemplo y se propone una serie de medidas, que incluyen la construcción de un sistema de indicadores de evaluación, el establecimiento de determinados mecanismos de control, varias modificaciones legislativas, y acciones para el fortalecimiento de la Economía Social, con el objetivo de favorecer una contratación que apoye el desarrollo sostenible en todos sus aspectos.
