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, Eva María Rubio Fernández (dir. tes.) , Rosa María Fernández Egea (secret.) , Teresa Fajardo del Castillo (voc.) La protección frente a la contaminación acústica. El ruido como agresión en la jurisprudencia y legislación europeas.
El ruido constituye un factor ambiental que genera graves efectos perjudiciales en la salud de las personas. La constatación científica de esta relación causal directa ha puesto el acento en un problema al que las autoridades públicas nacionales no habían prestado la debida atención hasta que se adoptaron las primeras decisiones judiciales a nivel internacional.
Por su parte, esta doble naturaleza del ruido como factor ambiental y patógeno incide también en la forma de afrontar esta problemática por cada sistema normativo. La protección ofrecida a los ciudadanos europeos contra la contaminación acústica, se opera en dos sistemas jurídicos diferentes que, si bien conviven en un mismo espacio y comparten los mismos valores y principios, tienen una organización institucional dispar y distinta naturaleza y razón de ser, por lo que abordan la problemática del ruido cada uno desde una diferente perspectiva.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales describe un catálogo de derechos civiles y políticos universalmente reconocidos que resultan obligatorios para todos los Estados signatarios, pero sin reconocer expresamente un derecho general al medio ambiente adecuado. En este marco, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos articula la protección de los particulares contra el ruido desde una interpretación dinámica de los derechos humanos en clave ecológica, ofreciendo una versión completa y amplia de los mismos. Sin embargo, proporciona una protección meramente correctiva, únicamente cuando se ha producido una injerencia grave y los órganos internos no han sido capaces de subsanarla.
La Unión Europea dispone de competencias específicas en materia de protección ambiental, por lo que ha desarrollado su sistema normativo a partir del ejercicio de estas competencias y sobre la base de principios medioambientales explícitamente recogidos en los tratados, como son los principios de desarrollo sostenible o el de elevado nivel de protección medioambiental y de la salud. De esta forma, el desarrollo de la legislación de la Unión verifica una ambición principalmente preventiva que aborda el problema del ruido medioambiental desde diferentes frentes. Sin embargo en este marco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene una autoridad limitada al control y la interpretación del derecho de la UE, siendo los tribunales nacionales los responsables de su implementación en primera línea. A pesar de esto, no son pocos los asuntos relacionados con el ruido que han recaído en esta Corte.
El objetivo de nuestro trabajo reside en determinar en qué grado queda la protección de los ciudadanos europeos frente al ruido en este marco regional, partiendo de un análisis en profundidad del ámbito de protección de cada sistema normativo y teniendo en cuenta su diverso contexto legislativo e institucional, así como su diversa naturaleza y capacidades. Esto nos servirá para realizar una visión crítica y constructiva del estado de la situación, permitiéndonos concluir sobre la posibilidad de interacción de estos dos sistemas entre sí, para ofrecer un ámbito de protección sumada que permite que las limitaciones de un sistema se suplan con las capacidades del otro. Aún así determinaremos algunas lagunas y deficiencias por subsanar .
The protection against noise pollution.
Noise as aggression in the juridical European legislation and jurisprudence.
Noise is an environmental factor that generates serious detrimental effects on people's health. The scientific verification of this direct causal relationship has highlighted a problem to which the national public authorities had not paid due attention until the first international judicial decisions were adopted.
The double nature of noise as an environmental and pathogenic factor affects the way each legal framework deals with this problem. European citizens are protected against noise pollution under two different juridical systems that coexist in the same space and share the same values and principles, but differ in their institutional set up, nature and reason for being. Each judicial system therefore addresses the problematic of noise from a different perspective.
The European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms describes a catalogue of universally recognized civil and political rights that are binding on all signatory states, but without expressly recognizing a general right to an adequate environment . In this framework, the European Court of Human Rights articulates the protection of individuals against noise making use of a dynamic interpretation of human rights with an ecological angle, offering a complete and comprehensive version of them. However, it provides a merely corrective protection only when there has been a serious interference and the internal legal order has not been able to correct it.
The European Union has specific competences in environmental protection, and has therefore developed its regulatory system based on the exercise of these competences and on the basis of environmental principles explicitly contemplated in the treaties, such as sustainable development or a high level of environmental protection and health. Thus, the development of this EU legislation shows a mainly preventive ambition that tackles the environmental noise problem from different fronts. But in this institutional set up, the authority of the Court of Justice of the European Union is limited to compliance control and interpretation of the EU law, and national tribunals are the ones responsible for its implementation in the frontline. Despite this, there is no shortage of issues related to noise that have fallen into this Court.
The objective of our work is to determine to what extent European citizens are protected against noise in this regional framework. The assessment is based on an in-depth analysis of the scope of protection of each regulatory system, taking into account its diverse legislative and institutional context, as well as its different nature and capabilities. This helps us take a critical and constructive view on the state of things, allowing us to conclude about the possibility of these two systems interacting with each other to offer a scope of added protection that allows for the limitations of a system to be overcome with the capabilities of the other. Nevertheless, we will identify some gaps and deficiencies to be corrected.
