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, Fernando Cachafeiro (codir. tes.) , María Pilar Canedo Arrillaga (secret.) , José María Gimeno Feliú (voc.) La investigación doctoral plamada en esta tesis se ha propuesto elaborar un estudio analítico, sistemático y en la medida de lo posible, omnicomprensivo, de las prácticas anticompetitivas en la contratación pública. Para ello se ha analizado la doctrina de las autoridades de competencia y tribunales a nivel comunitario, español y de otros estados, fundamentalmente europeos. La obra se divide en cuatro capítulos. El Capítulo I, de carácter introductorio, aborda una serie de extremos comunes a toda la obra. De entre ellos, la mirada más intensa se centra en dos: la conceptuación de la colusión entre licitadores y de los cárteles en la contratación pública y la posición del ente contratante como cliente, consumidor y posible responsable de las conductas anticompetitivas, a título de facilitador o de autor. La atribución de responsabilidad antitrust a las entidades del sector público es una materia en ebullición, con sucesivos pronunciamientos cada vez más favorables a su imputación. Los Capítulos II y III estudian los tres tipos de comportamientos anticompetitivos en la contratación pública (prácticas restrictivas, abusos de posición de dominio y conductas desleales que falsean la competencia). Para cada una de estas categorías se examinan los varios subtipos infractores con base en las resoluciones de las autoridades de defensa de la competencia así como en la jurisprudencia y la doctrina. El Capítulo II analiza las prácticas restrictivas – acuerdos y prácticas concertadas- considerados únanimemente los comportamientos más graves y perjudiciales. De entre ellos, se destacan los acuerdos sobre precios, reparto de mercados, boicot y las agrupaciones de licitadores (uniones temporales de empresas y agrupaciones de interés económico). El Capítulo III realiza el primer estudio sistemático de las prácticas abusivas y desleales en la contratación pública. En unas y otras pueden incurrir tanto los licitadores como los contratistas y concesionarios públicos (así como los entes contratantes). Las autoridades de competencia otorgan a ambos tipos de conductas un papel menos relevante que a los cárteles. Sin embargo, existe un corpus no despreciable de resoluciones y sentencias sobre prácticas predatorias, discriminación, boicot, compresión de márgenes y abusos explotativos Por último, el Capítulo IV plantea un número significativo de mecanismos de prevención, disuasión y represión de estas prácticas. En él late una máxima: la colaboración entre los sistemas de contratación pública y de defensa de la competencia es imprescindible para minorar la producción e incidencia de los comportamientos anticompetitivos.
