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, Juan Antonio Lascuraín Sánchez (secret.) , Vicenta Cervelló Donderis (voc.) , Julián Carlos Ríos Martín (voc.) , Carlos García Valdés (voc.) La manera de legislar actual responde más a una urgencia social momentánea que a una lógica jurídica coherente y duradera, y está provocando que nuestro Derecho Penal sea cada vez más divergente de nuestro Derecho Penitenciario. Mientras éste hace depender la vuelta del interno al medio social de su evolución tratamental (art. 72.4 LOGP), tenemos una normativa penal cada vez más represiva que incorpora parámetros ajenos, cuando no contrarios, a la lógica interna del ordenamiento penitenciario y cercena lo que éste pretende. Con ello parece como si, una vez producido el pretendido impacto en la opinión pública a través de los medios de comunicación, el legislador se desentendiese de las consecuencias jurídicas que sus modificaciones suponen. Si el Derecho Penitenciario no es más que el sistema de ejecución de la pena privativa de libertad que el Derecho Penal establece, la importancia de que uno y otro vayan de la mano en lo referente a principios y objetivos es obvia. De ahí que las reformas normativas de la última década, al dificultar enormemente esta vinculación, sitúen a nuestro sistema de ejecución en una difícil encrucijada. Conocer cuál era la situación previamente existente, saber cómo hemos llegado a la actual y examinar las relevantes consecuencias que dicha evolución está teniendo en nuestro sistema de ejecución de penas y en su alejamiento de la finalidad que le asigna el art. 25.2 CE, es el objeto de esta tesis. La misma se compone de dos partes principales y un epílogo con propuestas para la mejora de la situación normativa que se expone.
