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, María del Carmen Figueroa Navarro (secret.) , Carlos Vidal Prado (voc.) La tesis inicia con un repaso de los antecedentes y fundamentos teóricos de los estados excepcionales, para luego describir la manera en la que algunos estados regulan dicha materia, así como las exigencias que impone el DIDH para evitar que su utilización termine en regímenes arbitrarios.
Se lleva a cabo una exposición de la manera como las distintas constituciones políticas colombianas han reglamentado los estados excepcionales, evidenciando una línea evolutiva que va desde la concepción de estos como fenómeno estrictamente político hasta entenderlos como un instituto jurídico que requiere igualmente de un control judicial. Para desarrollar la anterior idea, se hace un análisis de los diversos textos constitucionales y precedentes relevantes, especialmente aquellos que se confeccionaron en vigencia de la Constitución de 1886 y luego de la promulgación de la Carta de 1991, destacando la manera como en la última etapa temporal se propugna por limitar el ejercicio de la excepcionalidad constitucional.
Luego de lo anterior, y partiendo de la premisa según la cual el modelo estatal permea la configuración del ordenamiento jurídico penal, se presentan los límites que el Estado Social de Derecho impone al legislador penal, por lo que tendrá que preservar unas garantías referidas a la sanción, al delito y al juzgamiento.
Posteriormente, confluyen las dos líneas expositivas para plantear las restricciones materiales como temporales que debe tener el legislador extraordinario cuando, en ejercicio de los diversos estados de excepción, crea preceptos de contenido penal.
Se culmina analizando los efectos del control judicial que ha realizado la Corte Constitucional colombiana a los decretos legislativos de contenido penal, expedidos al amparo de los estados de excepción, demostrando que su uso resulta cada vez menos recurrente, por cuanto en la praxis terminan siendo un instrumento simbólico y de eficacia mínima, que en algunos casos sólo ha servido para presionar al legislador ordinario para que adopte como normatividad permanente aquellas que originalmente tenían carácter excepcional.
La tesis se funda especialmente en una exposición deductiva, muy propia del método jurídico, que parte de la caracterización de los conceptos más amplios: Estados de excepción y derecho penal en Estado Social de Derecho, para arribar a una propuesta teórica muy puntual como lo es la caracterización de los límites que tiene el ius puniendi cuando se ejerce en el marco de la excepcionalidad constitucional. Su fuente primordial lo es la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana que se ve complementada con doctrina especializada, así como con precedentes de otros tribunales y documentos emanados de organismos institucionales de derecho interno o proveniente del DIDH.
