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, José Vicente Gómez Rivas (secret.) , Manuel Mendeta (voc.) , Jacint Jordana Casajuana (voc.) , Ludolfo Paramio Rodrigo (voc.) A partir de tres corrientes teóricas de (o vinculadas a) la ciencia política (a saber, el análisis de políticas públicas, los estudios sobre la racionalidad de los actores y los problemas de acción colectiva y el enfoque sociotécnico de la teoría de la organización), el trabajo trasciende a las perspectivas predominantes en los estudios de regulación de servicios públicos que se limitan a justificar las políticas regulatorias a partir del reconocimiento de las situaciones en las que el mercado no es el asignador óptimo de los recursos. En este sentido, y en base a aquellas corrientes teóricas, emerge el concepto de capacidad de gestión estatal en la regulación de servicios públicos, entendida como la capacidad de las agencias reguladoras para controlar las actividades de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos, teniendo en cuenta la alta capacidad de éstas para influencias las decisiones regulatorias en favor de sus intereses dada la disparidad de recursos que poseen en relación con los usuarios. La capacidad de gestión estatal no depende exclusivamente de elementos internos vinculados al desarrollo organizacional de las agencias de regulación, sino que resulta imprescindible analizar además la relación que las agencias mantienen con otros actores públicos y privados involucrados en el proceso de regulación, así como también el conjunto de reglas de juego que definen y delimitan el conjunto de decisiones de aquellos actores. A partir de un análisis comparado de los servicios de telecomunicaciones, agua, gas natural y electricidad en Argentina entre 1990 y 2001, el trabajo explica, en un contexto de igual calidad institucional, el impacto de los diferentes grados de capacidad de gestión estatal en materia regulatoria sobre la protección de los derechos de los usuarios.
