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, Gema Pastor Albaladejo (secret.) , María Carmen Palomino Monzón (voc.) , Manuel Arenilla Sáez (voc.) , José Luis Almazán Gárate (voc.) La < < política pública sobre los puertos de interés general > > representa una de las actuaciones más relevantes que se desarrollan bajo la guía de la Administración General del Estado pues constituye una competencia que resulta instrumental en la estructuración económica de España. Especialmente destacada es la proyección que tiene en el transporte internacional y para el crecimiento del sector exterior. Se trata además de un tema, hasta el momento presente, inédito desde la perspectiva de la Ciencia de la Administración. Debe hacerse notar asimismo que el portuario es uno de los sectores que más ha resultado afectado por los cambios competenciales y organizativos provocados por la aprobación de la Constitución Española de 1.978 que dió lugar al nacimiento del actual cuadro de actores públicos. Habiendo aparecido además, ya con carácter previo a su análisis en profundidad, como un sector muy dinámico en el que se han ensayado nuevas formulas institucionales y de gestión. No debiendo olvidarse, por ultimo, la evolución que ha sufrido desde la década de los años noventa del siglo pasado al compás de las directrices de liberalización que se han dictado por los sucesivos Gobiernos dentro de los llamados ¿sectores económicos regulados¿.
La investigación se marca como objeto de estudio la nueva política pública desarrollada por el Ministerio de Fomento desde 2.009 hasta el momento presente. El estudio aborda, a lo largo de los Capítulos segundo a décimo, un meticuloso análisis de los marcos teórico y jurídico; la evolución de la organización portuaria; cuál es el sistema de gestión; la mejora del sistema liberalizado para la prestación de los servicios portuarios; cuál es el régimen económico; y la consideración de las consecuencias sociales y económicas de la política portuaria implementada.
Entre las conclusiones más destacadas, conviene mencionar que la política pública examinada emplea de modo continuo el recurso a la cooperación e implicación activa de los diferentes grupos-objetivo y, en menor medida, de los beneficiarios. Imponiendo las medidas adoptadas, en cualquier caso, la existencia de relaciones intergubernamentales al más alto nivel entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Al mismo tiempo, uno de los recursos empleados, desde el principio, ha sido el de la plasmación de las ideas de cambio a nivel legal partiendo del necesario consenso político.
Pudiendo concretarse, en definitiva, la tesis alcanzada en sostener que la nueva política portuaria que parte del acuerdo entre los sujetos implicados consigue un elevado nivel de satisfacción orientando a la comunidad portuaria hacia un `continuo proceso de cambio y perfeccionamiento¿. Un proceso caracterizado por la sostenibilidad económica y ambiental, la libre competencia entre los operadores y la eficiencia en la consecución de los objetivos. Configurándose los puertos del Estado como `elementos clave del desarrollo económico español¿, no sólo como sistema logístico y de nodos intermodales sino también como generador de iniciativas económicas, de investigación tecnológica y de innovación.
