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, Francisco Campos Freire (secret.) , Ramón Zallo Elguezabal (voc.) Esta tesis doctoral analiza el proceso de elaboración de las políticas de comunicación (media policy-making) del mandato del Gobierno español socialista liderado por José Luís Rodríguez Zapatero (2004-2011). Por un lado, se evalúa el plan para la reforma del sector audiovisual de 2004 y su posterior ejecución a partir de la aprobación de las medidas legislativas del sector audiovisual realizadas por este Gobierno entre 2004 y 2011. Y por el otro lado, se analiza con más profundidad el proceso de elaboración de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual en las tres fases legislativas: de iniciativa, constitutiva e integradora de eficacia. Se estudia en este análisis el papel de los distintos actores políticos, sociales, institucionales y corporativos participantes en dicho proceso. El objetivo fundamental del presente trabajo, es mostrar desde una perspectiva histórica y crítica desde el ámbito de la política de la comunicación, cómo fue el proceso del media policy-making en el contexto analizado. Se han confirmado las dinámicas de poder entre los distintos actores participantes, no solo en relación a la norma general apuntada, también al conjunto de la reforma audiovisual socialista. Como conclusiones puede afirmarse que la política de comunicación del Gobierno de Rodríguez Zapatero fue distinta de la primera legislatura (2004-2008) a la segunda (2008-2011). El giro político se concretó en una apuesta más pro-industria que terminó por poner fin a la lógica de corte progresista iniciada en la primera legislatura del presidente Zapatero, aunque la tesis demuestra que las lógicas pro-industria estaban ya presentes en este período. El Gobierno socialista pactó una paz audiovisual a fin de conseguir implantar la TDT a cambio de la ampliación de futuras licencias y así conseguir la complicidad y no oposición de la televisión privada.
En la segunda legislatura se confirma que el Gobierno socialista apostó por beneficiar principalmente a los dos operadores privados Atresmedia y Mediaset, y a la patronal de la televisión privada, UTECA. Hasta tal punto que se incorporaron como actores privilegiados y exclusivos en la negociación legislativa inicial de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Esta negociación fue un proceso exclusivo, desigual, opaco y poco democrático. En definitiva, esta investigación demuestra el poder de UTECA como lobby, pero también la fragilidad de un Gobierno socialista demasiado pendiente de sus propios intereses en detrimento del interés general. Una vez más se hace patente -como ha ocurrido con los distintos Gobiernos españoles durante la historia de la democracia- que todo Ejecutivo de manera independiente a su signo político, ha querido crear un grupo mediático afín a su ideología.
