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, Roberto Fernández Llera (codir. tes.) , María Antonia Trujillo Rincón (secret.) Los objetivos de la tesis doctoral pasan por dar respuesta, entre otras, a las siguientes preguntas: ¿Tiene la Administración Pública implementadas políticas de comunicación y transparencia? O, por el contrario, ¿se aplica una “política de mínimos” mediante la publicación incompleta, inaccesible e inutilizable de información seleccionada? ¿Ésta actitud pasiva de la Administración la hace deficiente frente al sector privado o frente a sus homólogos internacionales? Por otro lado, ¿debe tener la Administración Pública en general y los órganos auxiliares en particular, presencia en las redes sociales? ¿Cómo ha de desarrollarse la implantación y gestión de las mismas? ¿Quién debe realizar dicha gestión –alguien interno a la organización o se deberían externalizar los servicios-? Para llegar a conocer las políticas de comunicación y transparencia implementadas por los órganos auxiliares y posteriormente realizar propuestas de mejora se realizó en primer lugar una aproximación teórica donde se analizaron, entre otros aspectos, la estructura institucional autonómica, nacional y europea de los órganos auxiliares, las políticas de transparencia y comunicación a nivel autonómico y nacional en la Administración Pública con el objetivo de dar cumplimiento, entre otras, a la normativa en materia de transparencia y buen gobierno estatal que fue aprobada en el ejercicio 2013 y la normativa a nivel autonómico que desde entonces algunas Comunidades Autónomas han ido aprobando y cómo esto ha sido integrado a través de mecanismos de comunicación formales y tradicionales por los órganos que integran el ámbito subjetivo cuando podrían haber sido aplicados a través de las tecnologías de la información.
El segundo pilar del presente trabajo, recoge el estudio empírico realizado en la tesis el cual estaba dividido en tres partes; en primer lugar, la realización de un cuestionario a todos los órganos integrantes del ámbito subjetivo para conocer sus políticas de comunicación y transparencia y la importancia que a las mismas se les daba “sobre el papel”; el estudio de las páginas webs, sedes electrónicas y portales de transparencia de cada uno de los órganos y dos pruebas de hipótesis estadísticas realizadas para verificar si la transparencia se ve afectada por variables externas económicas, sociales y demográficas, tales como el presupuesto anual de los órganos auxiliares, el número de habitantes de la Comunidad Autónoma donde se encuentran ubicados dichos órganos o la antigüedad de los mismos.
A la vista de las conclusiones, podríamos afirmar que es indiscutible que las Administraciones Públicas no tienen implementadas políticas de comunicación y transparencia reales, que se aplica un régimen de mínimos en tanto en cuanto existe transparencia con la ciudadanía en aquellos aspectos que la normativa aplicable exige (en el mejor de los casos) o que los directivos consideran que les interesa “publicitar”. La falta de políticas de comunicación, de transparencia, de implementación de las técnicas, herramientas y mecanismos que facilitan las TIC, así como las dificultades en el acceso a la información y su pertinente control, no son consecuencia de la ausencia de normativa, de medios económicos, personales o procedimentales. El problema radica en el factor humano y en una mejorable “cultura de la transparencia”.
