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, Antonio Manuel Peña Freire (secret.) , José María Sauca Cano (voc.) , Santiago Sastre Ariza (voc.) , Rafael Escudero Alday (voc.) RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL Como es sabido, resulta habitual cuando nos aproximamos al mundo de los derechos sociales que éstos sean considerados como derechos devaluados, o en palabras de Luis Prieto: en el mejor de los casos derechos disminuidos o en formación.
De esta forma, a medida que avanzaba en el estudio de los derechos sociales, la brecha que escindía los derechos humanos en continentes separados parecía acrecentarse irremediablemente. Incluso los Pactos sobre Derechos Humanos de 1966 habían consolidado la división histórica de los derechos humanos en dos grandes categorías o generaciones: la de los derechos civiles y políticos, como primera generación, y la de los derechos económicos, sociales y culturales, como segunda generación. Si esta clasificación hubiera operado únicamente como tesis descriptiva, o explicativa de la génesis de los derechos humanos, la línea de investigación de esta tesis doctoral hubiera sido otra muy diferente; sin embargo, las consecuencias que parecen deducirse de tal escisión son difíciles de asumir acríticamente.
Es común afirmar que los derechos civiles y políticos son derechos absolutos, con eficacia erga omnes, en tanto que los derechos sociales serían derechos relativos u oponibles frente a un obligado concreto. Que los primeros, los civiles y políticos, son derechos definitivos, en tanto que los segundos, los sociales, su contenido no quedaría establecido por su mero enunciado sino que requeriría una cierta forma institucional.
Del mismo modo, los derechos civiles y políticos, se presentan como derechos inmediatamente eficaces contra el estado, mientras que la eficacia de los derechos sociales dependería de la implantación de medidas (costosas) por el estado.
Finalmente, y como consecuencia de todo lo anterior, los derechos civiles y políticos se conciben como derechos justiciables, en tanto que los derechos sociales permanecerían en algo así como en el limbo, a la espera de su particular redención legislativa.
En definitiva, la idea central que se sostiene en la tesis doctoral es que no hay razones de peso, o relevantes, que permitan establecer una clara línea divisoria entre los derechos civiles y políticos, y los derechos sociales; y por consiguiente, parece mucho más acertado sostener un continuum de derechos, existiendo entre ellos únicamente diferencias de carácter gradual.
Por tanto si, por un lado, no parece discutible que el rasgo prestacional sea exclusivo de los derechos sociales, sino que también lo es de muchos de los derechos civiles y políticos; y si, por otro lado, el carácter instrumental que habitualmente se atribuye a los derechos sociales no implica devaluar su dimensión axiológica, pues valores como autonomía y dignidad también valen para el fundamento de tales derechos; entonces qué razones existen para mantener en el plano dogmático constitucional una protección devaluada de los derechos sociales. Descartadas las razones estructurales creo que sólo pueden aducirse razones de carácter político. En este sentido se suele argumentar que la constitucionalización de los derechos sociales, como auténticos derechos subjetivos, supondría una limitación insoportable para el legislador democrático en su función distribuidora de los recursos. Pero acaso es imaginable que estado renunciara a financiar la administración de justicia, o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado; ¿alguien considera que sufragar estos costes suponga una limitación insoportable para el legislador democrático? Además, desplazar íntegramente la cuestión de los derechos sociales a la arena del debate político y económico no es compatible con el modelo de estado social y democrático de derecho. Frecuentemente parece olvidarse que la Constitución, además de norma jurídica, es expresión de opciones políticas, por tanto, salvo que la cláusula del estado social se considere mera retórica, tendrá que admitirse que, al menos un contenido mínimo de los derechos sociales, debe ser indisponible para el legislador.
