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María García Casas 
Desde principios de la década de los 2000, la justicia transicional ha sido un tema recurrente. Hay quienes afirman que los Estados en transición a la paz o a la democracia están obligados a hacer justicia frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, a proporcionar verdad y reparación a las víctimas e incluso a reformar sus instituciones para evitar la repetición de los crímenes ¿Podemos afirmar que todos estos deberes son obligaciones internacionales? Si es así, ¿qué alcance y contenido tienen? Esta obra trata de dar respuesta a estas preguntas recogiendo los resultados de una investigación orientada a determinar la existencia de normas de Derecho internacional consuetudinario que configuran lo que los Estados pueden y deben hacer cuando diseñan su proceso de transición.
Durante las últimas décadas, las organizaciones internacionales han dedicado muchos esfuerzos a analizar la idoneidad de las medidas de transición adoptadas por los Estados para respetar los derechos de las víctimas y para lograr sociedades democráticas estables. Por su parte, los tribunales de derechos humanos han tenido que pronunciarse sobre la vulneración de derechos humanos a causa de las medidas de transición adoptadas por los Estados o por la ausencia de estas. En estas páginas, se ha tratado de sistematizar las contribuciones de organizaciones y tribunales internacionales al marco normativo de las transiciones; una tarea que estaba pendiente, como ha puesto de manifiesto el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En esta monografía se muestra también cómo los Estados han modificado su comportamiento al enfrentarse a los crímenes cometidos en los conflictos armados o bajo regímenes represivos mediante políticas de transición adoptadas durante estos años.
