Francisco Rosende, Andrés Reinstein
La severa recesión por la que atravesó la economía chilena a partir de mediados de 1981 hasta aproximadamente igual período de 1983, dio origen a una significativa participación del Estado en el desenvolvimiento delas actividades productivas, con el objeto de atenuar los efectos de la crisis. Esta intervención estatal, la que fue particularmente importante en el sector financiero, se tradujo en un violento retroceso con respecto a la estrategia de reprivatización seguida hasta el inicio de la recesión. En efecto, consecuentemente con el modelo de desarrollo adoptado, el cual otorgaba un papel subsidiario al Gobierno, desde los inicios de su implementación se había llevado a cabo un proceso de reprivatización de empresas, el cual fue violentamente revertido como resultado de la recesión, siendo este fenómeno particularmente notable en el caso del sector financiero. La deteriorada situación en que se encontraba el sector privado tras la recesión, conjuntamente con una actitud crítica de la comunidad con respecto a la eficiencia y estabilidad de las decisiones de los agentes privados, producto de este mismo fenómeno, constituyen importantes restricciones que la autoridad económica debió enfrentar para definir el futuro de las instituciones financieras y previsionales sobre las cuales el Estado había tomado control, directa o indirectamente. Ello, además de las em-presas públicas sobre las cuales históricamente había mantenido el control de su propiedad y gestión.