Como resultado de la política de vivienda social implementada por el actual gobierno surgió el proceso de radicación y erradicación de campamentos. En 1982 la situación de marginalidad urbana afectaba a alrededor de 600 mil personas en la Región Metropolitana, las cuales carecían de las mínimas condiciones de higiene. El trabajo se centra en la erradicación de campamentos llevada a cabo entre los años 1979-1984; presentándose cifras sobre el flujo poblacional originado por este proceso entre las distintas comunas del Gran Santiago. Determina, además, cuál ha sido el sentido del flujo natural o voluntario de personas entre las comunas y se contrasta con el realizado por el Ministerio de la Vivienda. Más adelante se intenta determinar si el gobierno, originador del proceso de erradicación, ha implementado las estructuras de apoyo necesarias que se requieren para atender a este proceso, debido a que el sector privado pareciera no tener los incentivos necesarios para prestar algunos servicios, como educación, salud, vialidad urbana, etc., dado el bajo nivel de ingreso que poseen las personas erradicadas, la desmejorada situación de algunas comunas que las recibieron, o porque algunos servicios constituyen bienes públicos. Concretamente, se analizan las inversiones municipales, las del Ministerio de la Vivienda y las del Ministerio de Obras Públicas. Adicionalmente, se presentan cifras de la evolución de los sectores salud y educación para las distintas comunas o sectores que participaron en forma más importante en este proceso. Las inversiones, ya sean privadas o públicas, afirman los autores, generan un aumento en el precio de las propiedades, y con esto de la riqueza de los residentes del sector donde se realizan; además, la erradicación de un campamento afecta tanto el precio de las propiedades de la comuna receptora, como la de origen. De esta forma, el trabajo estudia los efectos que ello ha tenido en la distribución de la riqueza en el período analizado.