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En el año 2022 la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo fue muy clara, y reiteró una doctrina casacional pacífica y consolidada sobre las discriminaciones en la valoración del mérito de la «experiencia» en los procesos selectivos de estabilización. En los siguientes años, tanto administraciones, organizaciones sindicales y grupos de intereses han hecho caso omiso a la misma, y ello, ha provocado una lluvia continúa, de momento no intensa, de decisiones judiciales anulatorias, al calificar esos procesos de estabilización como procesos restringidos de facto, por suponer una manifiesta violación de derechos fundamentales. En este trabajo se realiza un breve resumen de esas decisiones judiciales y sus posibles consecuencias. Esto supone que los conflictos judiciales derivados de los procesos de estabilización no han terminado; al contrario, se abren varias vías de impugnación y anulación de los mismos, de manera que su formal terminación no supone que estos resulten consolidados y firmes. Todavía existe un amplio abanico de posibilidades jurídicas para su anulación: lo que mal empieza mal acaba.
