Las familias desean educar a sus hijos y pueden, en principio, sufragar los costos de hacerlo con los mayores ingresos que la educación genera. Con todo, las familias pobres, exigidas por otras urgencias, no están en condiciones de hacerlo. La intervención estatal debe hacerse generando incentivos correctos e intensos. Para ello los subsidios deben aplicarse sólo en Educación General, y créditos a la Educación Superior. El financiamiento a los establecimientos debe ser en función del servicio prestado. Las escuelas deben transmitir los incentivos a los profesores. En Chile se ha aplicado un sistema de subvención por alumno atendido, que tiene incentivos adecuados. Las naturales dificultades se han superado satisfactoriamente. Pese a tareas pendientes relevantes, el sistema en Chile ha avanzado ya lo suficiente para esperar de él importantes resultados.