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Dos criterios, no necesariamente excluyentes, giran en torno al asunto de los costos: por una parte, el principio del agente causante o de “quien contamina paga”. Por otra, el principio del gravamen común o de “la comunidad paga directamente”. Pero más esencial que determinar quién asume los costos es efectuar una distribución justa de la carga que implica enfrentar y resolver el problema de la polución ambiental. En todo caso, cualquiera sea la forma de financiamiento, el costo privado de las medidas ambientales se transformará en costo social por la vía de los precios, los impuestos y otros factores. No sólo meras restricciones, obstáculos y controles pueden oponerse a la contaminación. Es necesaria una solución integral que complemente aspectos científicos y tecnológicos, junto a factores económicos, legales y, también, sociales
