El suministro de energía eléctrica es un servicio económico de interés general. Las actividades de transporte y distribución se sujetan a un régimen de derechos exclusivos, mientras que la generación y comercialización se han abierto a la competencia.
El sector está sujeto a una intensa regulación, cuyo principal objetivo es la garantía del suministro. No obstante, la regulación está orientada por la política energética, que cada vez está más condicionada por objetivos no energéticos.
La introducción de competencia descansa sobre la desintegración vertical del sector, la separación empresarial, el derecho de acceso a las redes y la organización de un mercado mayorista. No obstante, después de casi tres décadas, el mercado interior de la electricidad sigue sin ser plenamente efectivo.
Al mismo tiempo, el sector está en profunda transformación debido a la política de fomento de las energías renovables. La generalización del autoconsumo y la generación distribuida pondrían en cuestión un sistema eléctrico que hasta ahora ha funcionado de manera centralizada.