Acceso usuarios
Juan Moral de la Rosa
La nueva Directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) constituye el nuevo marco normativo al que han de someterse y respetar las empresas para cumplir con las obligaciones impuestas en dicha materia durante toda la cadena de valor en que se desarrolla la actividad de las mismas. El paso inicialmente dado por la Directiva 2022/2464 de Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, por la que se modifican el Reglamento N.o 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD), supuso un avance significativo sobre la información que han de facilitar las empresas en materia de sostenibilidad. Si bien, dicha norma necesitaba ser completada con otra que estableciera cuales son las obligaciones que deben cumplir las empresas no solo para que esa información sobre sostenibilidad sea concreta, completa y precisa sino para que alcanzaran a todo el proceso donde se desarrolla la actividad de las mismas, desde la empresa matriz hasta sus filiales, cualquiera que fuera la naturaleza de la actividad que éstas realizaren o el lugar donde se ejerciere la misma, durante la denominada cadena de valor.
En un mundo cada vez más globalizado, el fijar esas obligaciones durante todo el proceso durante el cual se desarrolla la actividad deviene imprescindible, por ello, resulta de vital trascendencia el tratar de afrontar la cuestión referente a que se entiende por la cadena de valor que constituye la actividad de las mismas. Todo lo cual se integra en el gobierno de las empresas como forma de cumplir con sus obligaciones sobre sostenibilidad.
La regulación de la Directiva de objeto del estudio de este trabajo pone de manifiesto el avance que ha supuesto en materia de sostenibilidad la Directiva de diligencia debida, complementando la Directiva sobre sostenibilidad, las cuales deberán ser implementadas en su momento oportuno para de esta manera completar la regulación operada en la materia por la Ley 11/2018 sobre información no financiera.
No hay duda que dicha norma ha supuesto un paso más por parte de la Unión Europea para hacer que las empresas cumplan sus obligaciones en materia de sostenibilidad y ello, con la finalidad de que las mismas establezcan los mecanismos precisos para detectar y descubrir, y cuando fuere preciso, prevenir, disminuir, eliminar , minimizar, reparar y responder de los efectos adversos reales y potenciales para los derechos humanos y el medio ambiente, y no solo en la empresa matriz que desarrolla la actividad principal sino en cualquier otra que participe en cualquier fase o nivel de su cadena de valor. Para ello resulta determinante establecer el contenido, limites, naturaleza y alcance de lo que debe entenderse por cadena de valor de las mismas. La Directiva da un concepto sobre la misma, pero lo hace de una manera tal que deviene absolutamente necesario completarla, concretarla y ampliarla para conocer el verdadero significado y alcance de la misma. Solo de esta manera podrán cumplirse las previsiones de la Directiva en su intento de hacer a las empresas más comprometidas en la gestión de la transición hacia una economía más sostenible, donde los fines de la misma no solo busquen su rentabilidad económica, sino que la misma confluya y conviva con la protección del medio ambiente y la protección de los derechos humanos. De esta manera, las empresas serán más transparentes y más sostenibles cuanto más clara y comprometida sea la rendición de cuentas de la información sobre sostenibilidad o no financiera y sean cumplidas las obligaciones impuestas para alcanzar esos fines, cualquiera que sea la fase donde desarrolla su actividad, la denominada cadena de valor.
The new Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) constitutes the new regulatory framework to which companies must submit and respect in order to comply with the obligations imposed in this area throughout the value chain in which their activity is carried out. The step initially taken by Directive 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU as regards corporate sustainability reporting (CSRD) represented a significant step forward on the information that companies must provide on sustainability. However, this standard needed to be completed with another that established the obligations that companies must comply with, not only so that this information on sustainability is concrete, complete and precise, but also so that it reaches the entire process in which their activity is developed, from the parent company to its subsidiaries, regardless of the nature of the activity they carry out or the place where it is exercised, during the so-called value chain.
In an increasingly globalized world, establishing these obligations throughout the process during which the activity is carried out becomes essential, therefore, it is of vital importance to try to address the question of what is meant by the value chain that constitutes their activity. All of which is integrated into the governance of companies as a way of fulfilling their obligations on sustainability.
The regulation of the Directive that is the object of the study of this paper highlights the progress that the Due Diligence Directive has made in terms of sustainability, complementing the Directive on sustainability, which must be implemented at the appropriate time in order to complete the regulation operated in the matter by Law 11/2018 on non-financial reporting.
There is no doubt that it represents a further step on the part of the European Union to ensure that companies comply with their obligations in terms of sustainability and this, in order for them to establish the necessary mechanisms to detect and discover, and where necessary, prevent, reduce, eliminate, minimise, repair and respond to the actual and potential adverse effects on human rights and the environment. and not only in the parent company that carries out the main activity but in any other that participates in any phase or level of its value chain.
To this end, it is decisive to establish the content, limits, nature and scope of what should be understood as the value chain of the same. The Directive gives a concept of what is to be understood by it, but it does so in a way that it is absolutely necessary to complete, specify and extend it in order to know the true meaning and scope of it. Only in this way can the provisions of the Directive be fulfilled in its attempt to make companies more committed to managing the transition towards a more sustainable economy, where the purposes of the Directive are not only to seek their economic profitability, but also to ensure that it converges and coexists with the protection of the environment and the protection of human rights.
In this way, companies will be more transparent and more sustainable the clearer and more committed the accountability of sustainability or non-financial information and the obligations imposed to achieve these ends are fulfilled, whatever the phase where they carry out their activity, the so-called human rights chain.
