En todo Estado de Derecho los poderes públicos deben encontrarse sometidos a límites y a controles. El recurso de inconstitucionalidad es una vía para encauzar el control jurisdiccional de la actividad del legislador, siendo una herramienta a la que tienen acceso habitualmente las minorías políticas. Por otra parte, existe también una dinámica asentada que consiste en residenciar los conflictos políticos a través de los tribunales. Aquí, se analizará la problemática de hacer un uso abusivo e ilegítimo de los mecanismos de control dentro de la judicialización de la política que estructura nuestros sistemas políticos, así como los riesgos para los sistemas de checks and balances y la calidad democrática implícitos en esta dinámica.