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Eduardo A. Risueño Díaz
La erupción volcánica del 19 de septiembre de 2021 se puede calificar como una catástrofe natural y como una causa de fuerza mayor, y ha generado una ordenación directa del territorio a través de decreto–ley, exento de evaluación ambiental por establecer medidas posteriores a la erupción. Dicha ordenación ha evolucionado desde una técnica fuertemente intervencionista a una de libertad de actuación con excepciones, siempre partiendo del derecho de los afectados a la recuperación de la normalidad previa a la erupción, y estableciendo una serie de medidas de recuperación con diversos presupuestos y requisitos, que tratan de sistematizarse en el presente artículo para su mejor comprensión.
The volcanic eruption of September 19, 2021 can be classified as a natural catastrophe and as a cause of force majeure, and has generated direct territorial planning through decree-law, exempt from environmental evaluation for establishing measures after the eruption. This regulation has evolved from a strongly interventionist technique to one of freedom of action with exceptions, always starting from the right of those affected to recover normality prior to the eruption, and establishing a series of recovery measures with various budgets and requirements, that try to be systematized in this article for better understanding.
