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Raquel Carvalho
Ya se ha escrito mucho sobre las políticas secundarias, luego promovidas a horizontales y ahora casi a la par con el objetivo primario de la contratación pública: la competencia. Hay que tener en cuenta que la jurisprudencia europea, seguida por las directivas de contratación pública, siempre ha limitado el uso de la contratación pública como vehículo para la promoción de políticas medioambientales, sociales y de desarrollo sostenible, lo que recientemente se ha acentuado con la transición de la economía lineal a la economía circular. Por razones vinculadas al carácter transversal de las políticas medioambientales y a la conexión económica nacional de las políticas sociales, las primeras se prestan más a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En consecuencia, la promoción del impacto social de la contratación pública suele limitarse a las materias en las que la Unión Europea realmente legisla: el ámbito laboral. O a las dimensiones más primarias de la constitucionalidad asociadas al principio de igualdad y a los derechos humanos. Por ello, la reflexión pretende ir un paso más allá de lo que la jurisprudencia y las directivas europeas consagran y reconocen, planteándonos si las políticas medioambientales no podrían contribuir también a la sostenibilidad social. Intentaremos lograrlo presentando ejemplos prácticos. Los casos presentados, como método, pretenden ser una “prueba de concepto”.
Much has already been written about secondary policies, and then promoted to horizontal and now almost on a par with the primary objective of public procurement-competition. It should be noted that European jurisprudence, followed by the Public Procurement Directives, has always limited the use of public procurement as a vehicle for the promotion of environmental, social and sustainable development policies, which has recently become increasingly emphasised with the transition from linear to circular economy. For reasons linked to the cross-cutting nature of environmental policies and the national economic connection of social policies, the former are more suited for harmonising member states’ legal systems. As a result, the promotion of the social impact of public procurement is often limited to matters in which the European Union legislates —the labour feld— or to the more primary dimensions of constitutionality associated with the principle of equality and Human Rights. Our re?ection therefore aims to go beyond what European case law and directives enshrine and recognise, asking whether environmental policies might contribute to social sustainability as well. We will try to prove this by presenting practical examples. The cases presented, as a method, are meant to be a “proof of concept”.
