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Rodrigo Azócar Duarte
Este artículo aborda la acumulación de tensiones socio-ambientales en la provincia El Loa, Región de Antofagasta, durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010), que reconocieron nuevos derechos étnicos y ambientales en resguardo de la estructura jurídica neoliberal de la dictadura. Durante este período nacieron al menos nueve grandes operaciones mineras, además de otros proyectos extractivos, mientras que en forma paralela se implementaba la Ley Indígena (1993) y la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (1994), que entregaron nuevas herramientas jurídicas a las comunidades locales para su defensa de los recursos naturales. Mediante una metodología cualitativa basada en la revisión de archivos de prensa, trabajo de campo y entrevistas, narramos esta trama de contradicciones, asimetrías y complejidades entre empresas, Estado y comunidades indígenas. Concluimos que este período fue clave en la zona, pues se configuró un sistema interétnico inexistente en las décadas pasadas, que modificó las relaciones en este campo social. En tal escenario, si la minería y otras actividades extractivas aumentaron e intensificaron la explotación de la naturaleza (agua, minerales y energía), además de provocar importantes episodios de contaminación, las comunidades asumieron su identidad indígena, elaboraron una demanda étnica y defendieron sus recursos naturales, mediante la judicialización de casos y/o la protesta social, emergiendo nuevas relaciones interétnicas.
This article examines the accumulation of socio-environmental tensions in the province El Loa, Antofagasta region, during the govern-ments of the Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010), which recognized new ethnic and environmental rights while safeguarding the neoliberal legal structure of the dictatorship. During this period, at least nine large mining operations were born, in addition to other extractive projects, while at the same time the Indigenous Law (1993) and the General Environmental Bases Law (1994) were implemented, providing new legal tools to local communities for their defense of natural resources. Using a qualitative methodology based on a review of press archives, fieldwork and interviews, we narrate this web of contradictions, asymmetries and complexities between companies, the State and indigenous communities. We conclude that this was a key period in the area, as an inter-ethnic system that did not exist in previous decades took shape, which modified relations in this social field. In such a scenario, if mining and other extractive activities increased and intensified the exploitation of nature (water, minerals and energy), as well as provoking important episodes of pollution, the communities assumed their indigenous identity, developed an ethnic demand and defended their natural resources, either through the judicialization of cases and/or social protest, emerging new interethnic relations.
