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Francisco Javier Bedecarratz Scholz
Este artículo aborda las modificaciones introducidas por la Ley 21.595 en el régimen de penas para las personas jurídicas en Chile, con un enfoque en la implementación de un sistema de días‑multa y su impacto en la prevención especial frente a empresas delictivas. El objetivo fundamental es examinar críticamente la aplicación de penas económicas como principal herramienta disuasoria, señalar sus limitaciones prácticas con respecto a penas estructurales, y proponer alternativas sancionatorias más idóneas para lograr los fines preventivos. La metodología empleada consiste en un análisis dogmático-jurídico del sistema de días-multa, a partir de los soportes teóricos del análisis económico del derecho y el modelo del actor racional, y la racionalidad limitada y los modelos de toma de decisiones. El resultado principal indica que, aunque la Ley 21.595 pretende disuadir la criminalidad organizacional mediante un régimen sancionatorio robustecido, existen desafíos significativos que cuestionan su efectividad práctica y justifican la exploración de enfoques más estructurados y adaptativos en el diseño de sanciones corporativas.
This article addresses the modifications introduced by Law 21.595 to the punishment regime for legal entities in Chile, focusing on the implementation of a day-fine system and its impact on special prevention against corporate crime. The main objective is to critically examine the application of economic punishment as the primary deterrent tool, highlight their practical limitations compared to structural punishment, and propose more suitable alternative sanctions to achieve preventive goals. The methodology employed consists of a dogmatic-legal analysis of the day-fine system, based on the theoretical foundations of Economic Analysis of Law and the rational actor model, and the bounded rationality and decision-making models. The main finding indicates that, although Law 21.595 aims to deter organizational crime through a strengthened sanction regime, significant challenges question its practical effectiveness and justify exploring more structured and adaptive approaches in the design of corporate sanctions.
