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Uno de los principios fundamentales para el ejercicio del poder sancionador de la Administración es el de personalidad de las sanciones. Se trata de la prohibición de responder sancionatoriamente por el hecho de otro. Este principio enfrenta importantes retos prácticos en la imposición de sanciones por infracciones de tráfico y seguridad vial, particularmente cuando la contravención fue detectada por medios tecnológicos automatizados, incapaces de identificar al autor de la infracción. En este caso, la pregunta que surge es si la carga probatoria pesa aún sobre el Estado o si, por el contrario, podría trasladarse al propietario del vehículo. El derecho colombiano intentó solucionar este problema a través de la previsión legal de una solidaridad entre el propietario y el conductor del vehículo. Ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la medida, otras alternativas se han intentado, cuya compatibilidad con el principio de responsabilidad sancionatoria personal resulta dudosa.
