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El estudio tiene como objetivo analizar cuál es el precio, contraprestación, valor o cuantía que se ha de satisfacer al contratista por la obra o servicio efectivamente realizado en casos de contratación verbal irregular. Un análisis de la doctrina administrativa y de la jurisprudencia pone de relieve la confusión existente a la hora de determinar el importe a abonar al contratista por las prestaciones efectivamente realizadas, lo que, sin duda alguna, da lugar a una gran inseguridad jurídica y a un aumento de la litigiosidad. En el artículo se demuestra que el importe a satisfacer al contratista varía notablemente si se acude a la liquidación derivada de un contrato nulo o si se acude al enriquecimiento injusto. Para el autor es necesaria la introducción de una legislación sustantiva en la contratación pública que regule los efectos derivados de la invalidez del contrato, regulación que se debe desmarcar de las soluciones adoptadas por el derecho civil.
