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Francisco-Manuel Caamaño-Domínguez 
En las siguientes páginas se analizan los impactos producidos en las políticas de compliance de las Administraciones locales a resultas de la gestión de los fondos Next Generation. La regulación jurídica que acompaña a estos fondos europeos y, en particular, la obligada adopción de medidas antifraude ha supuesto que sus gestores y destinarios tuviesen que implementar instrumentos de prevención y control creados en el ámbito del cumplimiento normativo y, tradicionalmente, aplicados por personas jurídico-privadas (mapas de riesgo, declaraciones de conflicto de intereses, canales de denuncia…). La aplicación irreflexiva y sin el debido análisis de contexto de estas medidas, desconociendo la naturaleza pública y las características de las entidades locales, puede conllevar, en muchos casos, más problemas que soluciones
